Comunicado de prensa urgente 18 de abril de 2012
Desde Human Rights Everywhere (HREV) queremos transmitirles nuestra preocupación por la acción arbitraria del juez de Distrito de Altamira (Pará, Brasil), Wander Luis Bernardo, quien ha prohibido al periodista Ruy Sposati (uno de nuestros colaboradores) y a otros tres activistas del Movimiento Xingu Vivo para Sempre (XVPS) acercarse a las obras de construcción de lahidroeléctrica de Belo Monte bajo amenaza de una multa desorbitada. Esta medida judicial desconoce el derecho humano al libre tránsito, cercena el derecho a la comunicación y a la información, y limita de manera definitiva el acompañamiento que el Movimiento hace a las comunidades afectadas por las obras del megaproyecto.
Hay que recordar que el Gobierno federal de Brasil ha desconocido los reiterados llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que paralice las obras de Belo Monte y abra un espacio de consulta libre e informada con las comunidades afectadas por el megaproyecto. La última comunicación de la CIDH al respecto fue el 11 de abril de 2012.
El trabajo periodístico de Ruy Sposati (desde Xingu Vivo y desde otros medios como Otramérica) ha sido fundamental para superar el bloqueo informativo que existe en Brasil sobre los graves acontecimientos que ocurren en el río Xingu (Estado de Pará) entre los que destacan: connivencia entre el Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBL) y las fuerzas de seguridad y los representantes de las autoridades estatales y federales; hostigamiento a las comunidades que van a ser desplazadas; violación de los derechos laborales de los trabajadores en la obra (incluida el reciente despido de 60 trabajadores que participaron en la última huelga del 5 al 12 de abril), y, en cuanto al caso de Ruy Sposati, las amenazas de muerte por hombres armados y la denuncia ante el juzgado de distrito.
Las pruebas aportadas por CCBL para inculpar a Sposati como “organizador” de la huelga de 7.000 trabajadores y por instigar a “la práctica de varias actividades ilegales” entre el 29 y el 31 de marzo son unas fotos en las que se ve al periodista haciendo su trabajo. La resolución del juez indica que impondrá una multa de 100 mil dólares a los acusados si cometen “cualquier daño a las posesiones” del consorcio, si suponen una amenaza para la “ejercicio de sus competencias”, o si “impiden el acceso de los empleados al lugar de trabajo”.
Sposati, por su parte, ha denunciado el persistente hostigamiento al que lo tiene expuesto CCBL: “Hace tiempo que vengo siendo perseguido, intimidado, expulsado (por la policía, por personas con y sin identificación, por guardias de seguridad privados, capataces…) o filmado. Durante los días de la huelga, un camión me estaba siguiendo y filmando todo el tiempo. En la última ronda de despidos que cubrí en diciembre pasado, fui amenazado de muerte por dos hombres en un 4 × 4, cuya matrícula logré fotografiar. Luego comprobamos que pertenece a la Policía Militar de Pará. Denuncié estos hechos, pero nunca obtuve respuesta”.
En un comunicado, el Movimiento Xingu Vivo para Sempre denuncia “la exigencia de CCBM de que la Justicia le conceda el derecho de utilizar a las fuerzas de seguridad públicas como una milicia privada, y el intento de la CCBM de criminalizar a los líderes sociales y, en particular, el periodista de Xingu Vivo, con el fin de limitar la libertad de expresión y de ocultar las agresiones del Consorcio en contra de sus trabajadores”.
Otramérica y Human Rights Everywhere (organización de derechos humanos que impulsa este portal) quieren expresar su indignación ante la actuación de la justicia del Estado de Pará, que limita de forma arbitraria los derechos individuales y colectivos y denuncia la permanente connivencia entre la empresa que desarrolla el proyecto de Belo Monte y las autoridades estatales y federales.
Nos ponemos a su disposición para ampliar la información y les rogamos la máxima difusión para poder proteger a Ruy Sposati y el resto de activistas de Xingu Vivo.
